Lenguaje y banqueros

La banca poda el diccionario, que es podar la inteligencia

Pulula por las ondas de radio el anuncio de un banco anaranjado (que ha recibido miles de millones de euros de dinero público para esquivar la quiebra) en el que se afirma con total desempacho que hay que tirar a la basura ciertas palabras por inútiles. Los términos condenados al paredón son equinodermo, carbúnculo, inane, escotoma y mayéutica. Se ignora el motivo de esta elección, tan variada. Sólo lo que se deduce de su lectura: la primera palabra condenada corresponde al reino animal, la siguiente al reino mineral (aunque con ramificaciones poéticas) y las últimas al ser humano, en tres de sus vertientes, en cuanto entidad con voluntad, como ser doliente y ser que busca la sabiduría.

Para este banco, cuyos directivos cobran cantidades de escándalo gracias al erario público, las estrellas de mar, los rubíes y su color, la vanidad y sus maneras, algunos males que combate la ciencia oftalmológica y la filosofía socrática son adiposidades, desechos, recortes, sobrantes, insustancialidades de tardes de mordoré, mugre, pellejo y caspa. A la basura con ellas, pues.

Debe parecerles ingenioso a los publicistas de ese banco señalar palabras que a ellos, en su incompletez sin remedio, les suenan a arameo, como la piedra cornelia o el bedelio, para indicar, seguidamente, que sean borradas del diccionario porque ocupan un lugar sin merecimiento.

La desvergüenza de la banca no sabe de límites: no sólo nos roba el dinero, nos carga sus deudas, nos echa a la calle como a perros y nos birla el futuro. Además, nos recorta el montante de palabras que son, junto con la honra y la paciencia, lo único que nos queda para defendernos de su abuso matón.

Mientras que el banco de marras insta a la poda del diccionario, la RAE calla, el Instituto Cervantes se hace el distraído y el Ministro de Cultura, tan españolísimo él, coloca a su santísima en TVE, para que nos dé la murga matinal previo cobro de la minuta correspondiente. En conclusión, sobre la mengua del vocabulario la autoridad encorbatada no dice ni mu.

A nuestro castellano no le sobran palabras. Todo lo contrario: le faltan y muchas. Por ejemplo, para nombrar a tanto cortabolsas y fantoche. No hay concepto adecuado para calificar, como correspondería, al mamarracho de cuello blanco que, además de analfabeto, no tiene vergüenza y es un ladrón. Tampoco la hay para referirnos, en todas sus facetas, al arribista que tiene la mentira por divisa, que miente sin escrúpulo sin que se le descomponga la figura y que triunfa mintiendo a pesar de que todo el mundo sabe que miente. No existe el término que se ajuste al corrupto que corrompe y al sistema al que sirve y del que se nutre, todo a la vez, en economía de escala. Ni epíteto que se acomode a quien, tras haber hecho trizas el tejido social, se lleva su comisión y flota hábilmente sobre las aguas de la sociedad por muy picadas que estén. No tenemos palabras para nombrar la ira, el estupor y el sufrimiento que padecemos por culpa de un atajo de canallitas, mercachifles y trileros, ni a quienes les ríen las gracias, los tapan y justifican.

Pero no es hora de seguir lamentándonos de nuestras limitaciones conceptuales sino de ponerles remedio. Quede la idea, al menos, de que nuestro diccionario, en este campo semántico, tiene más huecos que vocablos porque la realidad que hay que nombrar se descompone a la velocidad del rayo, y en el proceso de putrefacción aparecen mil matices, colores y olores inéditos que hay que mencionar. Hasta que inventemos las palabras justas, seguiremos usando circunloquios o tomaremos en préstamo otras de lenguas más vigorosas que permitan nombrar lo innombrable.

Estos bímanos de los bancos, esta cáfila de maleantes, esta lonja de estafadores, no sólo nos roba el dinero sino que nos desea zotes, primos, memos, tontos de remate, neófitos, guturales, incapaces de hilar queja o pensamiento, desarmados y bobalicones, faltos de palabras, pobres de conceptos y ralos de ideas. Nos quieren en porretas, sin entendimiento ni juicio, guiñapos, necios de bordón y esclavina, lilas, pocacosas, menguados, sin caletre, modorros, pisahormigas, boquiabiertos e inanes ante sus rapiñas.

Como sostiene el filólogo Klemperer, el lenguaje saca a la luz la realidad, permite crear y pensar, guiar emociones y dirigir la personalidad psíquica. Un pueblo agrícola tiene un rico vocabulario sobre agricultura porque le va el comer en ello. Los esquimales tienen muchas palabras para referirse al hielo y la nieve en todas sus manifestaciones cambiantes porque les va el pellejo en el asunto. El médico necesita una terminología especializada, de lo contrario es un jefe brujo. Y el matemático un lenguaje formal entero de uso exclusivo porque si no es un farsante. Igual necesidad tiene una sociedad apaleada, para nombrar al forajido y ponerlo bajo custodia.

Hacen falta muchas palabras nuevas para que toda esta gentuza, la del yugo y la coyunda del dinero, sude el kilo, que es lo que ya corresponde.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

Un Código Penal contra los ciudadanos

En la España del PP este lema es un sarcasmo

El Código Penal del año 1995 ha experimentado más de veinte reformas hasta la fecha. Casi una por año, dato que refleja la precipitación del legislador al abordar modificaciones normativas que no siempre han tenido en cuenta la necesaria reflexión crítica y el criterio de los profesionales del Derecho.

El pasado 14 de septiembre, el Consejo de Ministros recibió un informe del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, previo al Anteproyecto de reforma del Código Penal, norma con la que se procede a la última revisión del sistema punitivo con el propósito, según opinión del gobierno, de “dar respuesta a las nuevas formas de delincuencia, a la multirreincidencia y a los delitos más graves”, siendo tal respuesta un agravamiento generalizado de las penas. Y ello a pesar de que España ya tiene uno de los Código Penales más severos de Europa.

El detalle de la reforma propuesta por el PP consiste en lo siguiente:

- Prisión permanente revisable. Es la mayor novedad de la propuesta. Esta fórmula eufemística, utilizada para esquivar una posible declaración de inconstitucionalidad, supone agravar el castigo para los delitos “especialmente reprochables”, como son los casos de magnicidio del jefe del Estado español o de jefes de Estado extranjeros que se encuentren en España, algunos casos de genocidio con resultado de muerte o violaciones masivas, delitos de terrorismo con resultado de muerte o, finalmente, determinados actos de tal “brutalidad” en los que las víctimas sean menores de 16 años, o personas con discapacidad especialmente vulnerables y que tras sufrir la agresión sexual son asesinadas del modo más vil.

En la rueda de prensa que ofreció tras la aprobación del informe, Gallardón justificó la introducción de la prisión permanente revisable apelando a sucesos como el de Marta del Castillo, el de los hermanos Bretón o la reciente excarcelación del etarra enfermo Bolinaga, aunque rechazara tajantemente el carácter populista de la reforma y, a la vez, negara el aforismo jurídico que afirma que no se debe deducir una ley general de un puñado de casos concretos.

El escollo más peligroso que ha de sortear esta medida es su posible  inconstitucionalidad, asunto sobre el que Gallardón asegura sentirse muy tranquilo. Argumenta el señor ministro que la condena perpetua, al ser revisable (en una horquilla de 25 a 35 años, según la “brutalidad” del acto que la motive) “no vulnera el principio de la reinserción y reeducación del reo”. No obstante, por mucho que lo niegue el ministro, la indeterminación sobre el tiempo de duración de la condena cuestiona la finalidad rehabilitadora de los centros penitenciarios recogida en la Constitución.

Llama la atención que el Gobierno haya eludido un debate sereno sobre este particular, como correspondería a un legislador que huye de la legislación fraguada a golpe de suceso o de encuesta de opinión.

Habría sido muy conveniente que el señor Gallardón, antes de cambiar el Código Penal, hubiera escuchado el parecer de todos los profesionales del derecho, adversarios y detractores de sus medidas, mayormente para evitar que las voces discrepantes, expulsadas del cauce consultivo habitual, acabasen en los espacios de opinión de periódicos, radios y televisiones.

Sabemos que colectivos como Jueces por la Democracia, el Consejo Fiscal o la Asociación Progresista de Fiscales, se oponen por razones de inconstitucionalidad a la reforma. Del mismo modo, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, manifestó que “la nueva reforma del Código Penal tiene mal encaje en la Constitución” y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y su Subcomisión de Derecho Penitenciario, se han manifestado reiteradamente en contra de cualquier pena a la que no se le fije un límite de cumplimiento, por ser contraria a los artículos 10, 15 y 25 de la Constitución. El CGAE recuerda que "el artículo 25 es determinante al establecer que las penas privativas de libertad se han de orientar a la reeducación y reinserción social de los penados". A mayor abundamiento, para el Colegio de Abogados de Barcelona (CAB) la reforma en cuanto a la prisión permanente revisable y a la custodia de seguridad "vacía de contenido el principio constitucional de la reinserción social proclamado en el artículo 25.2 de la Constitución española, incidiendo en un derecho penal meramente orientado al castigo". El CAB apunta que, asimismo, tal medida atenta contra la necesaria seguridad jurídica establecida en el artículo 15 de la Constitución, que obliga al legislador a poner negro sobre blanco, de manera incontrovertible, cuáles son las consecuencias jurídicas exactas de los actos punibles, por muy abominables que éstos sean.

- Custodia de Seguridad. Es otra de las figuras que se introduce por primera vez en nuestra legislación. Se trata de una medida privativa de libertad para casos excepcionales que consiste en añadir hasta diez años de prisión (o de internamiento en algún tipo de centro) a un preso que haya cumplido ya su condena. Se aplicará una vez cumplida la pena de prisión y después de que el tribunal valore la peligrosidad del penado. Afectará a los reincidentes en delitos de especial gravedad (asesinatos, homicidios, secuestros, agresiones sexuales, delitos con violencia, terrorismo o tráfico de drogas), o a quienes cometan por primera vez una pluralidad de los mismos. La custodia de seguridad es, dicho llanamente, “cárcel o internamiento después de la cárcel”, lo que impide, en según que casos, hacer efectivo el mandato de la reinserción social del preso. Además, según afirma el Consejo Fiscal en un informe crítico a la reforma, la enumeración de los delitos que pueden acarrear esta condena es muy incierta, dejando un margen de discrecionalidad en los jueces completamente inadmisible. Se rompe, de nuevo, la idea de seguridad jurídica, elemental en una sociedad civilizada.

- Libertad condicional. Esta figura pasa a ser regulada como una suspensión de la pena, de tal modo que si, una vez en libertad, el penado insiste en delinquir, podrá ser devuelto a la cárcel para que siga cumpliendo su condena desde el momento en que ésta quedó en suspenso. Con el Código vigente, en cambio, el tiempo que se pasaba fuera de la prisión se descontaba de la pena. La nueva libertad condicional se aplicará también en los casos de prisión permanente revisable, cuando una vez cumplidos los años fijados se revise la situación y el tribunal entienda que el penado pueda acceder a esta medida.

- Supresión de las faltas. La reforma suprimirá las faltas, manteniendo sólo las que son merecedoras de reproche penal, pero como delitos leves, denominados de escasa gravedad, que estarán castigados con penas de multa. En un principio, los jueces de instrucción entendieron, tras una primera lectura de la Exposición de Motivos del anteproyecto de reforma, que se pronunciaba en estos términos: “(...) se suprimen las faltas que históricamente se regulaban en el libro III del Código Penal...” y que con esta modificación se despenalizaban las riñas vecinales, las lesiones de poca monta, los hurtos insignificantes y demás cuestiones equivalentes.

Un examen ulterior, en cambio, ha revelado algo muy distinto. Sin que deje de ser cierto que muchas faltas se destipifican, otras pasan a ser consideradas como “delitos leves”. Y lo que es más sorprendente aún, tal y como queda reflejado en la Disposición Transitoria cuarta del texto presentado por el Ministro, es que los Juzgados de Instrucción seguirán conociendo de esta nueva categoría delictiva.

- Hurto y robo. Se suprime la falta de hurto para sustituirla por un delito leve de hurto, que castigará los casos en los que lo sustraído no supere los 1.000 euros, aunque para fijar este límite se tendrá en cuenta la capacidad económica de la víctima. Como respuesta a la multirreincidencia se prevé que en el caso de delincuencia profesional y organizada, en el que se incluirían las bandas dedicadas al robo de joyerías y pequeños comercios, los reos podrán ser condenados con el tipo agravado a penas de uno a tres años de prisión e, incluso, en los casos más graves, de entre dos y cuatro años.

-Atentado, resistencia, desobediencia y alteración del orden público. Si hasta ahora el artículo 550 del Código Penal consideraba delito de atentado a conductas muy concretas en las que quedaba reflejada la voluntad de perpetrar un acto delictivo, con la reforma se varía su definición para incluir todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia y cualquier tipo de resistencia activa sobre el agente de las fuerzas de seguridad o miembros de servicios de asistencia y rescate. Se amplía, por tanto, el abanico de conductas que, si bien antes no tenían mayor trascendencia en el contexto de una manifestación pacífica, hoy pueden ser constitutivas de delito.

Delito de atentado en el artículo 550 antes de la reforma	Delito de atentado en el artículo 550 tras la reforma
Acometimiento, fuerza, intimidación grave y resistencia activa grave.	Acometimiento, agresión, violencia o intimidación graves y cualquier tipo de resistencia activa.

El que se abalance, agreda, lance una piedra a un agente (ninguna mención a la eximente de la legítima defensa), los que decidan sentarse en el suelo con los brazos encadenados, los que impidan el tráfico, los que no atiendan a una orden de un agente de las fuerza de seguridad, etc., serán considerados reos de delito de atentado.

Otra de las novedades que incluye la nueva redacción de este artículo es que se opta por modificar las penas, reduciendo el límite inferior de las mismas y manteniendo el superior (se pasa de pena de prisión de 2 a 4 años, a pena de prisión de 1 a 4 años) para agravar la de aquellos delitos de atentado en los que se lancen objetos contundentes, líquidos inflamables o corrosivos, donde se haga uso de vehículo de motor y cualquier otra actuación que conlleve un peligro para la vida o que pudiera causar lesiones graves. A estos tres supuestos se les impondrán penas superiores en grado respecto de las citadas anteriormente.

La acción de resistencia pasiva, junto con la desobediencia, se mantiene penada como hasta ahora, con entre seis meses y un año de cárcel.

Otra definición que se amplía es la de desorden público. Si en la redacción anterior se calificaba como desorden público aquella actuación en grupo que, con el fin de atentar contra la paz pública, alterase el orden público causando lesiones a las personas, produciendo daños en las propiedades, obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas de manera peligrosa para los que por ellas circulen, o invadiendo instalaciones o edificios, la nueva redacción elimina la finalidad de atentar contra la paz pública e introduce, además, la actuación individual y la de aquellos otros que amenacen con llevar a cabo este tipo de acciones.                     

Desorden público en el artículo 557 antes de la reforma

Desorden público en el artículo 557 después de la reforma

Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo, y con el fin de atentar contra la paz pública, alteren el orden público causando lesiones a las personas, produciendo daños en las propiedades, obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas de manera peligrosa para los que por ellas circulen, o invadiendo instalaciones o edificios, sin perjuicio de las penas que les puedan corresponder conforme a otros preceptos de este Código.

Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo. Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los actos concretos de violencia o de amenazas que se hubieran llevado a cabo.

A este artículo se le añade un nuevo apartado con el se pretenden criminalizar actividades que hasta ahora no eran consideradas delitos, como son la ocupación simbólica y pacífica de entidades bancarias, muy habitual en los últimos tiempos por razones de sobra conocidas.

“Los que actuando en grupo, invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de su actividad normal serán castigados con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses”

Al artículo 559 se le da una nueva redacción para penalizar la convocatoria de movilizaciones, además de la difusión de mensajes que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público o actos de violencia constitutivos de desórdenes graves relacionados con esas convocatorias.

“La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o de consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año”.

Pero la reforma incide en otro aspecto del que se ha hablado muy poco, además del aumento de las penas y la criminalización de la protesta social: el acoso al inmigrante en situación administrativa irregular. Es el Consejo Fiscal el que nos advierte del asunto, al denunciar que con la nueva redacción del Código Penal cabe tratar como delito el auxilio a personas sin papeles, por ejemplo, el que dispensaría un médico a un inmigrante enfermo que no pudiera acreditar legalmente su estancia en nuestro país.

La naturaleza de esta nueva reforma penal es clara. El Gobierno del Partido Popular, valiéndose del repudio que han provocado entre la población un puñado de crímenes especialmente execrables, amplificados por unos medios de comunicación que vieron en tales sucesos la oportunidad de hacer caja y arañar audiencias a sus competidores, pretende distraer a los ciudadanos para que reclamen una mayor represión penal contra terroristas, asesinos, violadores y carteristas, eludiendo el debate importante, que no es otro que la crisis social que padecemos y la violencia institucional que despliega. La imagen que estos medios han transmitido del Código Penal en vigor es la de una ley que consiente la impunidad absoluta de los criminales, lo cual es falso porque España es uno de los países de Europa que tiene una de las tasas más elevadas en el número de presos por población.

Al castigo sin redención al monstruo se añade la persecución del inmigrante pobre que vive en situación administrativa irregular, figura inocente en la que se concentran, sin ningún motivo, muchas frustraciones ciudadanas que tienen otra causa.

Además, el gobierno de Rajoy busca castigar con “severidad extrema” las manifestaciones de descontento y de resistencia social, mientras liquida la educación y la sanidad, el paro alcanza máximos históricos, el poco trabajo existente se precariza más que nunca, los estafadores campan a sus anchas, se da cobijo a los corruptos y se condena a los jóvenes más preparados a la emigración.

El monstruo, el otro y el rebelde. Estos son los enemigos de la sociedad, según el PP, a los que equipara de manera tan injusta como malintencionada, atribuyéndoles unas características que no tienen. Molinos de viento sobre los que concentrar la ira y la frustración social, a los que se aplicará un Código Penal que lleva escrito en su nuevo articulado un programa ideológico de control.

En ausencia de políticas de Estado propias, el Gobierno del Partido Popular sobreactúa en materia penal para ocultar su nefasta gestión y diluir la creciente preocupación ciudadana por la deriva de la situación económica del país. La reforma de las leyes penales es una maniobra de distracción para que la sociedad, castigada por unas condiciones económicas muy difíciles, se olvide de la violencia estructural que padece y mire para otro lado.

Con esta “reforma” se pretende devolver a la justicia a una situación anterior a 1982. Los ecos del aumento de las penas, la imposición de tasas para litigar y recurrir que hacen imposible el mandato constitucional de la tutela judicial efectiva, la reducción del derecho a decidir en lo relativo a una maternidad responsable, la vuelta al modelo de designación de vocales del CGPJ por elección directa de los propios jueces... Todas estas medidas muestran un sesgo ideológico evidente y nos trasladan a un sistema judicial deudor del autoritarismo.

Tanto ímpetu por un Código Penal nuevo y se le olvida al señor Gallardón introducir un nuevo apartado que califique como delictivas los actos bancarios gansteriles porque, hasta el momento, no encajan en las definiciones de delito. Ausencia escandalosa que refleja por dónde va este ministro y el gobierno al que pertenece.

Asistimos a un espectáculo intolerable. Las entidades financieras que reciben ingentes cantidades de dinero público para compensar el desastre de su gestión, desahucian a personas que no pueden hacer frente a las hipotecas concedidas. El gobierno del señor Rajoy, que es antes que nada registrador de la propiedad, legisla en beneficio de los bancos, a los cuales les sugiere “códigos de buenas prácticas”, mientras que a los ciudadanos les impone un Código Penal más severo. ¡Qué gran muestra de equilibrio!

La eficacia y el garantismo propios de un Estado de Derecho son sustituidos intencionadamente por el PP por la vía fácil del “rearme punitivo” que, bajo proclamas populistas, nos retrotrae a un Derecho penal entendido como instrumento de dominación ideológica, olvidando su naturaleza de lucha contra el delito.

Esta es la esencia reformista que inspira al señor Ministro de Justicia, que ha puesto el mundo del Derecho “del revés”.

María José Pérez Salazar es integrante del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares

34º aniversario de la Constitución o cómo festejar a un difunto

 Autoridades muy tiesas a juego con los muebles de estilo alfonsino en el Senado

Los que se cargaron la Constitución la celebran de manera hipócrita, como el torero que rinde tributo al toro estoqueado que por ser de casta, vaga por el infierno vacuno sin rabo ni orejas, boqueando sangre y oliendo a muerte.

No es que la Constitución fuese gran cosa antes de que el PSOE y el PP se avinieran en secreto a destruirla, allá por agosto de 2011. Pero aún en su insignificancia jurídica, molestaba al bipartito, subido desde hace tres décadas a un tinglado que se desmorona y que amenaza con sepultar a tanto pater patriae.

Es costumbre en nuestro país homenajear a los muertos, cuando en vida se les niega el agua y el aire, mayormente porque los muertos son inofensivos, tan quietos y serenos.  

Seis de diciembre, fiesta de la Constitución. La endecha al difunto alcanza lo sublime cuando quien la entona coincide con el que finiquitó al ensalzado, por la espalda y a traición, que es lo que le hicieron las cúpulas del PSOE y del PP a nuestra Ley Fundamental. Los optimates del bipartito apuñalaron la Constitución que decían amar, como Casio y Bruto a César, aunque eran hombres honorables, al igual que Casca y Cinna, Metello y Decius, los otros magnicidas, que también eran hombres honorables, defensores del orden, honrados, leales, patriotas, sinceros y, a pesar de todo, traidores superlativos. 

Al menos, los asesinos de César, tras coserlo a estocadas, tuvieron el detalle de dejar que se desangrara a los pies de la estatua de Pompeyo, lo que confirió un innegable sentido escénico a su muerte, referida después en obras inmortales. A nuestra Constitución, imperator legal, ni eso. Sus verdugos buscaron un crimen en secreto y sin testigos, sin gloria ni honor. No se espera, por tanto, que nadie entone su panegírico, no vaya a ser que el orador inflame, como hiciera Marco Antonio, a una plebe que ya no es marmolillo sino yesca, que bulle, se agita y puede que acabe clamando venganza.

Hace casi un siglo, Ortega y Gasset escribió su famosa España Invertebrada, en la que analizaba la crisis de su tiempo. Hoy hace falta escribir otra obra sobre la crisis del nuestro, que se titule España Intervenida, que es sinónimo de país sin voluntad propia. No tenemos Constitución, ni justicia constitucional, ni derechos garantizados por la norma suprema, ni gobierno que nos represente, ni autoridad que la ejerza con dignidad. En la España de los ucases, de las amnistías a los corruptos y a los torturadores, de las leyes orgánicas destruidas y de las normas mancilladas, no hay amparo constitucional, ni jueces que lo guarden, ni nadie que se lo crea. No hay nada que celebrar en la España intervenida, arrodillada ante los especuladores, abierta de piernas cuando el último sinvergüenza promete inversiones imposibles en casinos y prostíbulos, desangrada por el paro y la desigualdad, arruinada por sus élites y atemorizada por su futuro.

Huérfanos de Constitución, nos queda una momia que se saca de paseo cada seis de diciembre, como imaginería que no conmueve. Y debajo de ella, ocultos por el faldón del paso, los cofrades que sostienen la crestería y el varal, aparatosos, que tapan lo importante, que es la defensa del garbanzo, de su santo garbanzo nutricio.

Este año se oficia una conmemoración muy devaluada, tristona, mustia, entre la indiferencia general y el apoyo sociológico de los que, hace treinta años, habrían votado en contra de la Constitución por ser demasiado audaz. En el acto institucional ofician un rey desnudo, políticos malquistos que defienden su nariz, la prensa de la corte y el puñado de curiales y poltrones de rigor, a los que abren paso una pareja de maceros con su tabardos y plumas. El teatro elegido, apropiadísimo: el Senado, ejemplo de institución inútil, como la Constitución que no rige. Y don Pío, cuarto conde de Badarán y séptima autoridad del Estado, ejerciendo de maestro de ceremonias, español representativísimo de la España de la crisis, los desahucios y el paro. 

Como la labor de los taxidermistas no ha sido muy fina, un año después del óbito se le apuntan al momio constitucional los signos del más allá. A la Constitución le han puesto dos ojos de vidrio que dan repelús y una peluca barata que no tapa del todo un cráneo que ya amarillea. Es lo que tienen las confecciones urgentes y de circunstancias, que pronto se les ve el gusano que llevan dentro.

Conmemorar la Constitución, que es puro pergamino, tiene algo de pintura negra, de feísmo propio de tiempos pesimistas. Gran motivo para El Roto, suerte de Gutiérrez Solana de nuestros días, que planta en sus viñetas el horror diario en un dibujo y una frase.

Los partidos del sistema celebraron este seis de diciembre un duelo y no una fiesta. IU no asistió al acto porque dejamos las ceremonias de pega para las políticos de pago, figurines que brindan por un muerto muy frío.

Mientras tanto, las gentes de buena fe a lo suyo, que es ponerse a la faena de levantar un país indicando un camino nuevo.

El mundo se puede ver desde abajo. Esta es la posición del esclavo, que se cree sombra, desde la que sólo ve gigantes y héroes. También se puede ver de pie, a la altura de los ojos de los que gobiernan. Se percibe entonces entre los dirigentes a hombres de carne y hueso, con sus miserias, ambiciones y virtudes, si es que las hay. También cabe verlo desde arriba. Allí, con la perspectiva de las cumbres, se observa el movimiento de la historia.

La muerte de César trajo una nueva guerra civil. No lo olvidemos.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo municipal de IU

Natura naturans/natura naturata

Juramento del juego de pelota. Nace un poder constituyente

Natura naturans (naturaleza que crea) y natura naturata (naturaleza creada). Esta distinción, que procede de la filosofía griega, aunque nombrada de distinto modo, equivale a otra de la política, no menos importante: la que hay entre el poder constituyente y el poder constituido.

Entender esta distinción filosófica aclara la diferencia entre ambos tipos de poderes y, sobre todo, ayuda a comprender los límites y paradojas de la soberanía, que es un concepto elemental de cualquier doctrina política.

Aristóteles distingue en su Física lo que engendra de lo que es engendrado. El neoplatónico Proclo, igual que Pseudo Dionisio Aeropagita, teólogo y místico, señalan, por su parte, la independencia entre lo que conduce al ser y lo causado. Posteriormente, los escolásticos, en prueba de la gran capacidad omnívora del cristianismo, mantienen la distinción de la filosofía griega entre naturans y naturata a mayor beneficio de su dios, al que asimilan a la natura naturans. Siglos después, en pleno proceso de superación de la poliarquía medieval, la diferencia entre creador y ser creado se trastoca y funde. El pensador que produce tal cambio es Spinoza, que es el barroco encarnado en vida y razón viva del principio de la racionalidad. El racionalismo spinoziano concluye que la natura naturata no es ajena a la natura naturans, porque lo creado vive en el seno del creador, que sin lo causado pierde potencia. Esta tesis, unida a la idea de necesidad, lleva a Spinoza a ser acusado, a  la vez, de panteísta y ateo, y expulsado de la comunidad judía de Ámsterdam, a la que pertenecía.

Desde Spinoza, la idea de un dios omnipotente que puede cambiar la naturaleza a su antojo por medio de prodigios y milagros comienza a sufrir una erosión imparable. Un dios que es necesidad y que no existe más allá de la naturaleza, como sugiere Spinoza, ya no lo puede todo. Por ejemplo, a ese dios le es imposible cambiar las leyes que rigen el universo porque tales disposiciones son reflejo de su condición y expresión de su ser. La razón, según el filósofo, concluye que dios equivale a un conjunto de leyes necesarias en sí mismas que ordenan el mundo y lo hacen inteligible. Dios es naturaleza y viceversa, naturans y naturata, deus sive natura, según expresión célebre. La metáfora que designa lo divino, entonces, torna clara y adquiere matices mecánicos, físicos y matemáticos a la vez: dios como relojero, dios como maquinaria de la relojería creada y dios como tiempo que mide el reloj del universo, del que es expresión. Así las cosas, con Spinoza dios deja de ser soberano ajeno, causa transitiva, causa incausada y ociosa, tras su primer y único acto, de una naturaleza que no puede ser sólo exterior. La soberanía, liberada de una natura naturans supuestamente distinta, suprema y externa, pasa a ser un atributo humano. La fusión de Spinoza entre el creador y lo creado coloca al hombre al frente del universo y, también, de su destino, huérfano de toda relación con un ente superior.

El racionalismo de Spinoza y de otros filósofos políticos de primer orden, como Hobbes, seculariza la política, al igual que el empirismo de Hume un siglo después, contribuyendo a la decadencia del origen divino de la autoridad, idea sin la cual la Iglesia, entendida como institución de poder, se desmorona. Por eso las jerarquías del cristianismo han combatido ferozmente el pensamiento racional y el empirismo, conscientes de que la razón y la experiencia niegan su autoridad terrenal y su fundamento divino.

Debemos mucho a Spinoza, Hobbes y Hume, mientras que nadie se acuerda ya de su coetáneo, Robert Filmer, autor de Patriarca. Sin el cerco a la ciudadela religiosa por parte del racionalismo y del empirismo no habría sido posible la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 que, a su vez, descubrió a un pensador político de importancia excepcional, Emmanuel Sieyès, que alumbró la concepción moderna de la democracia.

El pensamiento filosófico desemboca, después de veinte siglos de historia, en la conclusión de que la soberanía es un asunto muy terrenal y que, por tanto, reside en los hombres, uno, varios o todos.

Ha hecho falta una crisis de una envergadura mayúscula como la que sufrimos para que el asunto de la soberanía, esto es, determinar qué sujeto tiene la última palabra sobre los asuntos públicos, recupere una centralidad que nunca debió perder.  

En los años de la especulación inmobiliaria el adocenamiento era grande y el excedente económico permitía tapar las miserias del sistema repartiendo migajas engañosas. Una vez reventada la burbuja se descubre que hay víctimas, verdugos, desolación e injusticia. Cuando las crisis arrecian quedan al descubierto las relaciones de poder: quién manda y quién obedece; cómo se manda y por qué se obedece; qué es la obligación política, en qué consiste el orden y cómo se deteriora; a quién beneficia la legalidad y cómo se reproducen las élites en el poder. En pocas palabras, asoma la pregunta suprema sobre quién es el soberano o natura naturans de la política.   

En democracia esta pregunta sólo admite una respuesta: el pueblo. La soberanía reside en los ciudadanos. No puede ser de otro modo. No hay rey, ni delegado, ni representante, ni mandatario, ni comitente, ni poder fáctico que se anteponga a la voluntad popular.

Así que nuestro rey no es soberano, aunque lo engulla en copa balón de taberna obrera, de las de lendel que marca la dosis, sólo, como sombra, o acompañado de sol, como su ancestro, Luis XIV, que era sol porque era soberano, absoluto, sire, poder constituyente, todopoderoso, pelucón, mecenas, teatral, versallesco, suntuoso, primero delfín y después Apolo.

Nuestros representantes tampoco son soberanos. Los gobiernos lo son porque nos da la realísima. Son nuestros siempre, incluso cuando nos mienten, para que nos demos el gusto de echarlos o cuando se arrogan una condición, la de natura naturans, que nunca tuvieron. Dígase alto: cuando el representante se desliga del representado, bien por la mentira o bien por ambicionar lo que no le corresponde, incurre en el delito político supremo, que se llama traición. 

El representante que se rebela ante el representado y que lo anula es un usurpador, sin más. De esto sabemos algo porque hemos sufrido en nuestro país un par de usurpaciones en los últimos dos años, ambas de categoría. Primeramente, en agosto de 2011, cuando las cúpulas del bipartito nacional, sin mandato popular y en secreto, mutaron la Constitución, pisoteando el principio de que el pueblo no es causa transitiva de la norma suprema sino que es su causa inmanente. La Constitución democrática es creada por el pueblo y tiene sentido, en cuanto expresión de su voluntad, en el pueblo y para el pueblo. En cambio, una Constitución al albur de un puñado de representantes, por muy numerosos que sean, es un absurdo lógico, una jaula, un instrumento con el que el representante pastorea a la mayoría tras haber destruido la relación fiduiciaria sobre la que se sostiene. 

La segunda usurpación se produjo en noviembre de 2011, cuando se constituyó un gobierno, el de Rajoy, sobre el cúmulo de mentiras más grande jamás contado a los ciudadanos en una campaña electoral. Así las cosas, nos gobierna un gobierno que si hubiera anunciado un centésimo de lo que aplica estaría en la oposición de por vida.

Estas dos usurpaciones ponen a los representados en una situación insostenible, de alienación consentida. Mientras tanto, un gobierno de falsarios les tunde con una Constitución adulterada, escoltada por una porción de decretos que destruyen derechos y conquistas sociales que costaron sangre y cárcel a personas dignísimas.

Tampoco los poderes fácticos pueden ser soberanos, aunque lo pretendan, en una democracia que se mire al espejo sin avergonzarse, lo que, para desgracia de nuestros hijos, no es el caso.

Esta es la realidad que reluce ahora que el pueblo ha despertado, agitado por la crisis. Por eso la gente se echa a las calles y lanza réspices contra los que le escamotean el derecho inalienable a decidir sobre su futuro. Resulta paradójico que el pueblo descubra que es príncipe ahora que es mendigo.

Los que gobiernan, mandados de otros, tendrán la potestad pero no la autoridad. Gobiernan en nombre de y no en su nombre o de quienes sin votar imponen su voluntad mediante componendas, presiones y otros secretos. El gobierno no es soberano por mucho que se cuelgue los emblemas del poder.

No han pasado dos mil años de evolución filosófica y cinco siglos de cambio político para acabar así.

Toca nombrar un nuevo poder constituyente, acto revolucionario, original y primero, para que tome las decisiones regeneradoras que le correspondan, en ejercicio pleno de su soberanía. Llegó el tiempo de la natura naturans democrática.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo municipal de IU

La utilidad de la huelga

El cuarto estado

Ha llegado a mi un texto que por su ingenio merece un espacio en el blog. Es una de las mejores defensas del derecho a la huelga que he leído. Espero que haga reflexionar a los que creen que las huelgas son inútiles. Felicito a su autor, al que no conozco, por la agudeza demostrada.

DECLARACIÓN DEL BUEN ESQUIROL

Yo, ................................., con DNI nº......................., Trabajador de la empresa ............................................
DECLARO:

QUE estoy absolutamente en contra de cualquier coacción que limite mi libertad de trabajar.

QUE, por ello, estoy en contra de huelgas, piquetes sindicales y cualquier tipo de resistencia que me impida el libre desplazamiento y acceso a mi puesto de trabajo.

QUE por un ejercicio de coherencia con esta postura, y como muestra de mi total rechazo a la conculcación de esas libertades,

EXIJO:

1 º. QUE se me retire el beneficio de la jornada de 8 horas, dado que este beneficio se obtuvo por medio de huelgas, piquetes y violencia, y se me aplique la jornada de 15 horas vigente antes de la injusta obtención de este beneficio.

2 º. QUE se me retire el beneficio de días de descanso semanal, dado que este beneficio se obtuvo por medio de huelgas, piquetes y violencia, y se me aplique la obligación de trabajar sin descanso, de lunes a lunes.

3 º. QUE se me retire el beneficio de días de vacaciones, dado que este beneficio se obtuvo por medio de huelgas, piquetes y violencia, y se me aplique la obligación de trabajar sin descanso los 365 días del año.

4 º. QUE se me retire el beneficio de las pagas extraordinarias, dado que este beneficio se obtuvo por medio de huelgas, piquetes y violencia, y se me aplique la obligación de cobrar sólo 12 pagas anuales.

5 º. QUE se me retiren los beneficios de bajas por maternidad, matrimonio, defunción, etc., ya que estos beneficios se obtuvieron por medio de huelgas, piquetes y violencia, y se me aplique la obligación de trabajar sin derecho a baja por este motivo.

6 º. QUE se me retire el beneficio de baja por enfermedad, dado que este beneficio se obtuvo por medio de huelgas, piquetes y violencia, y se me aplique la obligación de trabajar aunque esté gravemente enfermo.

7 º. QUE se me retiren los beneficios de aportaciones a la Seguridad Social y al desempleo, dado que estos beneficios se obtuvieron por medio de huelgas, piquetes y violencia. Yo me encargaré de obtener atención médica de pago, y ahorraré para cuando no tenga trabajo.

8 º. Y, en general, que se me retiren todos los beneficios obtenidos por medio de huelgas, piquetes y violencia que no estén contemplados en este escrito.

9 º. DECLARO, también, que renuncio de manera expresa, completa y permanente a cualquier beneficio actual o futuro que se consiga por medio de la huelga del día 14.

A la declaración anterior añado, personalmente, el siguiente remate:

10 º. TRAS adherirme a tan solemne manifiesto de defunción laboral, firmo la presente autorizando al patrono a que haga con mi persona y con mi familia lo que se le antoje, sin límitación ni escrúpulo, por una tasa de reposición máxima a favor del capital, que es a lo que hemos venido a procurar en este valle de lágrimas.   

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo municipal de IU de Azuqueca de Henares

Estados y naciones

La invasión francesa forjó la idea moderna de nación

Por lo general, los Estados, que inician su existencia a finales del siglo XV, construyen las naciones, tanto más imperfectas cuanto mayor es la debilidad del Estado y de las fuerzas económicas que lo impulsan. Así, la nación construida se superpone a las realidades culturales, religiosas y lingüísticas previas, que no por el hecho de ser singulares y existir con anterioridad son naciones, puesto que de este concepto, el de nación, sólo cabe hablar en términos políticos desde finales del siglo XVIII. 

Una consecuencia de esta premisa es que la nación, contra lo que se supone, suele ser algo artificial, al menos tanto como el Estado que la moldea. Lo extrañísimo es lo contrario, que la nación sea el sustrato ancestral sobre el que se eleva el Estado, aunque esta es la opinión más extendida sobre la relación histórica entre el Estado y la nación que, a poco que pensemos en ella, conduce al absurdo o al crimen colectivo.

Si la nación impulsada por el Estado es lo suficientemente fuerte, diluye las diferencias heredadas, homogeneizando y uniformizando los territorios concernidos por la nueva soberanía, no sin recurrir, con frecuencia, a la imposición violenta o a la guerra. Sobre este particular hay muchas variaciones. Un caso especial es el de la nación que se recrea a la vez que construye un Estado en pugna contra el yugo extranjero (Italia). Otro es el de la nación que sale de un acto revolucionario y se confirma a la vez hacia dentro y hacia el exterior, forjándose en guerras de invasión (Francia). También puede hablarse de la nación que despierta a partir de una agresión exterior (España), de la que surge al desgajarse de un imperio (EEUU) o, finalmente, de la que nace de una unidad anterior en lo económico y aduanero que es, además, el resultado de la lucha entre dos estatalidades previas (Alemania). Por ello, en cada caso concreto, el proceso de construcción de la nación y su engarce con otras especificidades es también particular. Dicho de otro modo, no hay un modelo de Estado-nación, al igual que no hay una sola fórmula de encaje de la diversidad bajo una única soberanía.

Si el siglo XIX fue la edad de oro de las naciones, el siglo XX resultó el de los bloques de poder que agrupaban a Estados-nación que cedían soberanía a favor de la superpotencia dominante. Podrá decirse, contra esta idea, que tras la Segunda Guerra Mundial hubo un nuevo florecimiento nacional con los procesos de descolonización, pero basta echar un vistazo a cómo han evolucionado la mayoría de los países surgidos de esa hornada para comprobar su fragilidad e, incluso, su carácter artificial.

Cuando la guerra fría terminó debido al hundimiento del bloque soviético, se produjo una nueva eclosión nacional que, ahora, debido a la crisis general del capitalismo y al desmantelamiento de los Estados frente a  los mercados, se manifiesta otra vez aunque bajo una nueva apariencia: tensiones y procesos independentistas en Italia, Bélgica, Canadá, España y Reino Unido, que tienen mucho de rebeliones de territorios ricos contra territorios más pobres.

Con la perspectiva que nos da la historia queda claro que hoy el nacionalismo no es un proyecto para el futuro; todo lo más, es una trinchera temporal, una prórroga frente a las fuerzas universales del capitalismo que disuelven los lazos humanos y desarraigan a las personas de su territorio y de su comunidad. Así en el mejor de los casos, porque en el peor el nacionalismo no sería más que la impostura de los que provocaron primero el vaciamiento de poder del Estado-nación y, ahora, para esquivar sus responsabilidades, reclaman su resurrección.

Pedirle al nacionalismo que nos libere de los bárbaros de hoy, como hacía Maquiavelo cuando reclamaba una Italia unificada bajo el poder del príncipe, es una ilusión muy peligrosa que agitan precisamente los que provocaron la crisis, en la secreta intención de que las víctimas de uno y otro bando se olviden de quienes son sus enemigos y se apedreen entre sí envueltas en banderas que no representan nada. Este ardid, mil veces utilizado en el curso de la historia y siempre a mano del último canalla, nos hace recordar la sentencia de Fontenelle: ¡ser hombre es tan peligroso!

El político causante de la crisis ve en la apelación nacionalista la escapatoria para no rendir cuentas de sus actos. Si, además, tal político se siente muy identificado con el sistema corrupto que ampara, se dejará tentar por la idea diabólica de que es necesario inventar un enemigo para darle al pueblo una esperanza. Reclamar más nacionalismo como solución a los problemas de hoy es propio de baratilleros, que viven de vender artículos desgastados e inservibles a un precio más alto que si fuesen nuevos. Sólo faltaría que el pueblo inocente se dejara arrastrar por tales locuras.

La nación no puede ser el cobijo definitivo a los problemas de hoy. La nación, como la polis griega, ya cumplió su papel histórico. Por cierto, con muchos episodios infames porque en su nombre se cometieron crímenes abominables.

La crisis actual exige una nueva relación del hombre con la sociedad y la constitución de un nuevo sujeto político, porque es insufrible vivir bajo la tiranía de los mercados, sin protección y a la intemperie. Ese sujeto reclama una organización realmente democrática, participativa, universal y local a la vez, probablemente pequeña, flexible y asamblearia, ayudada por una tecnología que borre los límites del tiempo/espacio, y con un horizonte material y moral ligado a una vida sencilla y plena, sobria y abierta a un nuevo vigor, como el ideal de Horacio.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Reivindicación de la política

Cuando los ciudadanos se echan a la calle a hablar de política, las autoridades se asustan

No es azaroso que en momentos de crisis aumente el interés por la política que, al contrario, mengua cuando la humanidad disfruta de algún raro instante de paz y de recreo. Ocurre así porque vivir en la despreocupación no es estímulo para pensar con radicalidad. El hombre se estruja la mollera por obligación antes que por placer, para resolver problemas que no admiten espera, siendo el primero de todos asegurar, junto con sus semejantes, una existencia justa y libre. Sobre este particular, permítasenos la siguiente digresión: en estos tiempos tan turbios aprovecharía releer el ensayo de Senac de Meilhan, escrito en 1787, titulado Consideraciones sobre el espíritu y las costumbres, en el que se explican las lazos tejidos entre la facilidad de los goces y la apatía humana. Queda dicho.

Pero volvamos a lo que nos llama. Decíamos que las crisis sociales fecundan el pensamiento político. Los tiempos de mudanza desenmascaran las relaciones de poder, las técnicas de dominación y los discursos legitimadores. La extensión del conflicto político alimenta una visión más nítida de las instituciones, las leyes y los gobernantes. Los fracasos continuados muestran los límites del poder establecido y permiten imaginar alternativas a lo constituido. En fin, los tiempos que barruntan el ocaso empujan a pensar en términos políticos sobre la política, aunque sólo sea por una razón de supervivencia.

Grandes pensadores políticos como Tucídides, Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Bodin, Hobbes, Rousseau o Marx, vivieron momentos históricos críticos. Sus vidas coincidieron con acontecimientos sociales decisivos, desgarradores, violentos siempre, que dejaron profundas cicatrices en sus biografías. Estos autores pensaron empujados por la radicalidad de sus circunstancias. En sus obras se reflejan no sólo un tiempo cambiante o un momento decisivo sino, también, sus miedos y esperanzas, sus esfuerzos por entender el drama de la historia y el propósito de dibujar un camino, una filosofía, una guía que anticipara el futuro.

Para reflexionar sobre la novedad tuvieron que acuñar conceptos inéditos e idear métodos originales. Se vieron en la obligación de ampliar el vocabulario político para referirse a lo que antes no tenía nombre, bien porque estaba oculto, bien porque no existía. Y abordaron el conocimiento de la sociedad rechazando prejuicios y convencionalismos. Cierto es que cada uno de ellos puso en el acto de pensar su subjetividad, sus manías e, incluso, en ocasiones, sus intereses y otras mezquindades, pero aportando siempre algo genuino, de ahí su consideración de clásicos. Al leerlos entendemos mejor su tiempo y también el nuestro, con sus azares e incertidumbres. Es de justicia reconocer, en consecuencia, que tenemos contraída una deuda de gratitud con su pensamiento.

Corresponde a Tucídides (460-396) el mérito de liberar la historia de los mitos y del poder de los dioses, desengañado al contemplar los horrores de la Guerra del Peloponeso y la descomposición político-social de la polis griega a que dieron lugar casi treinta años de luchas fratricidas. Platón (428-347) y Aristóteles (384-327) dedicaron una gran atención a la política porque querían detener, cada uno a su modo, la decadencia irremediable de la ciudad antigua, pronto superada por las monarquías helenísticas. Maquiavelo (1469-1527) acuñó un concepto nuevo, el de Estado, porque la poliarquía medieval, tras casi mil años de existencia, estaba en trance de morir, fundamentó el estudio de la política a partir de la comprensión descarnada del poder y anunció la necesidad de la unidad política italiana para librarla del dominio extranjero de Francia, España y del Sacro Imperio Romano Germánico, anticipándose en varios siglos al Risorgimento. Bodin (1529-1596), el padre de la idea de Pacto como fundamento de la autoridad y del concepto de Soberanía, vivió las guerras de religión, la matanza de San Bartolomé y las luchas sociales y políticas que asolaron la Francia de los capetos. Hobbes (1588-1679), teórico del Absolutismo y del Individualismo, fue coetáneo de la Guerra de los Treinta Años, de la Guerra Civil inglesa, de la república de Cromwell, de la decapitación de Carlos I y de las guerras entre los reinos de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Rousseau (1712-1778), que profetizó la revolución francesa casi treinta años antes de producirse, se enfrentó al problema político supremo, el de la coexistencia entre el individuo y la sociedad, la persona y la civilización, el sentido de la historia y el porvenir humano, mientras se derrumbaba el antiguo régimen. Y Marx (1818-1883), que popularizó conceptos como Lucha de Clases y Materialismo Histórico, contempló el ascenso imparable del capitalismo, el dominio de la burguesía, la miseria del proletariado, la construcción de un mundo globalizado y el resquebrajamiento de la Europa que alumbró la Paz de Westfalia.

Estos pensadores vivieron momentos de profunda transformación histórica, de muerte y descomposición de lo antiguo y de nacimiento, aún indeciso y borroso, de lo nuevo. Sus vidas coincidieron con goznes de la historia, que no sólo cierran y abren épocas sino que reivindican la política como algo ineludible. Quizás por eso fueron grandes.

El tiempo que nos toca vivir es también, como los antes mencionados, de crisis profunda. No sólo la que se deriva de unas cifras económicas especialmente desfavorables, sino de decadencia de una forma de organización social que, agotada, se rebela contra la humanidad y contra el planeta que la alberga.

Este tiempo tan comprometido llama a la política, no sólo porque la necesitamos más que nunca sino porque 

abunda el desprecio a la política. Basta que cualquier simplón tilde a algo de político o de politizado para rebajarlo de categoría y convertirlo en falso o turbio. A la crítica falaz sobre la politización se unen dos conceptos igualmente nocivos que pretenden la desactivación de la política: el apoliticismo y la antipolítica. Se refiere el primero a aquel modo de juzgar la política desde un supuesto olimpo de neutralidad, lo que contrasta con el hecho, fácilmente comprobable, de que el apolítico es siempre favorable al que manda. Por su parte, la antipolítica es crítica de la política pero realizada por alguien que, supuestamente, no forma parte del poder político, aunque sí de otros ámbitos de poder muy relevantes que condicionan decisivamente lo político, como las finanzas o la empresa. La terna politización, apoliticismo y antipolítica brota de un tronco común, el populismo conservador, que busca corroer la política desde una posición falsamente fuera de la política, despolitizadora, que limita muy peligrosamente con las doctrinas que defienden, sin preámbulos ni lirismos, el gobierno del sable y de la espuela.

No queda tiempo. Toca remangarse para pensar políticamente sobre nuestra circunstancia, porque sólo en la política hay posibilidad de atender al problema supremo de la convivencia en justicia y libertad, de la individualidad en colectividad, de la persona en sociedad. Pero el esfuerzo no vale si se hace a la ligera. Empecemos no teniendo miedo a rechazar las verdades admitidas, las creencias poltronas, las falsas evidencias, es decir, todo el poso y la turbiedad que nos ciega. Liberados de prejuicios nombremos el nuevo tiempo que avanza para que no escape a nuestro control como ya lo hizo el antiguo, sabedores de que en la definición adecuada está el primer acto de rebeldía. Iluminemos con la luz del conocimiento un camino que no tiene que ser forzosamente oscuro.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Crimen contra las altas instituciones del Estado

Mapa de los motines londinenses de agosto de 2011

Sólo lleva nueve meses y el gobierno del PP está ya en la criminalización de una ciudadanía harta de ser felpudo. La receta del poder es simple: al que se mueve, multas y golpes, acusaciones infundadas, aplicación de un nuevo código penal incompatible con un Estado democrático y traje de rayas. Adulación miserable, en cambio, al mansurrón que se resigna, al que calla, al inmóvil y al que no pestañea. Y al que duda, aviso de que se le puede complicar la vida si se libera de las tinieblas que no le dejan ver.

Nos dice Rajoy que su violencia institucional está justificada porque pulula mucho conspirador dispuesto a voltear el orden establecido, cueste lo que cueste. Por más que tal cosa sea ridícula e inverosímil, y sin aportar prueba o testimonio a favor, el gobierno y sus terminales periodísticas aventan la falacia, aunque con éxito decreciente según notifican los hechos. La ciudadanía, cada vez más atenta a la cosa pública y con la sensibilidad extremada, ya no se traga según qué cantinelas. Escasean los dispuestos a aceptar más depredaciones, chanchullos, mentiras, excusas y otros apócrifos.

En vez de reconocer el fracaso y el dolor que provocan sus decisiones crueles e inútiles, Rajoy hace como Tertuliano, aquel padre de la iglesia que porfiaba en la creencia cuanto más inverosímil era: credo quia absurdum.

Ni el 15-M ni el 25-S quieren destruir las instituciones del Estado. Reclaman, bien al contrario, una reapropiación de la política por los ciudadanos y por las instituciones públicas, criticando, faltaría más, las que son inútiles y señalando las perfectibles. Pero sin repetir las formas fracasadas que sólo han traído amargura y desgracia.

Se ha olvidado ya, pero cuando surgió el 15-M la derecha política descorchaba botellas, elogiando a sus promotores como ejemplo de ciudadanos que se enfrentaban, con valentía, a un sedicente gobierno, el de Zapatero, mediante ocupación pacífica de plazas, avenidas y callejones en víspera electoral. EL PP se las prometían por entonces felices, con la calle ganada y las urnas doblegadas. Pero su diagnóstico descansaba en el error. La realidad mostró que el 15-M no era conato contra un gobierno, sino que tenía la aspiración de quedarse porque la crisis, origen del malestar de la sociedad, era estructural. El 15-M quería ser riberiego y no trashumante, ocupar la Puerta del Sol, centro nervioso de la capital de la corte, para repicar el esquilón allí donde el eco retumba más.

Una vez consciente de la aberración, que en eso consiste el desacoplamiento de la imagen con la realidad, la derecha cambió el modo de referirse al 15-M. Lo que antes era ágora degradó en chabola, el indignado transmutó en perro-flauta y la calle liberada se convirtió en fastidio de tenderos y gentes como dios manda.

Por mucho que Rajoy ponga cara de asombro, nada pasa en nuestro país que sea extraño, excepto lo sufridas que resultan las víctimas de la crisis. Cinco millones de parados, un ejército de excluidos sociales, una generación laminada, casi un 30% de la población en situación de pobreza, una desigualdad insultante, incontables desahuciados, millones de familias que no llegan a fin de mes, más de un cuarto de los niños en riesgo de pobreza y un país en proceso de desguace, son razones de peso que explican la indignación y la protesta. Lo extraño es que aún domine el estoicismo entre las muchedumbres que no tienen nada que perder.  

A pesar de los males que padecemos, en España no hemos llegado a los riots londinenses o a las banlieues en colère de la vecina Francia, si bien no es descartable que se coronen esas cimas si el gobierno sigue enrocado en la crueldad. Cuando se ahoga al común ocurre que se queja, se revuelve y defiende, mayormente para no perecer, como dictan las leyes de la naturaleza.

Limpios los hechos de omisiones, efectos y otros lirismos, se adivina que los que atentan contra las altas instituciones del Estado no son los que señala el gobierno sino el dedo que los acusa.

Qué tal si empezamos a considerar que la sedición viene del lado gubernamental, por ejemplo:

·De los corruptos que se sirven de las instituciones para transformarlas en canonjías, catapultados a las mismas por el bipartito que gobierna este país desde hace décadas.

·De quienes reforman la Constitución en secreto y sin mandato ciudadano, destruyendo el carácter social del Estado y los derechos colectivos sobre los que se asienta la libertad material de las personas.

·Del partido que llega al poder gracias a la mentira para, una vez en el gobierno, hacer exactamente lo contrario de lo que prometió en campaña, consistiendo su programa en dos partes de recortes, media de amenazas y otra de porrazos.

·De los gobiernos que conculcan los derechos individuales y políticos básicos recogidos en la Constitución, que son el fundamento de la libertad personal de los ciudadanos.

·Del gobierno que se niega a preguntarle al pueblo, único soberano, si consiente las decisiones que le impone.

·Del gobierno que gobierna por decreto en materias sujetas a leyes orgánicas.

·Del gobierno que promueve el adocenamiento general, fomenta la pasividad, la pereza y el miedo entre las personas, buscando con la extensión de estas lepras la impunidad con que tapar sus fechorías.

·Del gobierno que se doblega ante poderes no democráticos, transnacionales, troikas y otras balalaikas, convirtiéndose en sucursal de intereses contrarios a los del pueblo que dice representar.

·Del gobierno que, siendo poder constituido, intenta alzarse como poder constituyente, usurpando el lugar que le corresponde al demos.

·Del gobierno que aprueba leyes contrarias a la voluntad de los gobernados.

Dicho lo cual, y en esto coincidimos con el Ministro del Interior, hay fundamento para una causa ante la Audiencia Nacional por atentado contra las altas instituciones del Estado. Pero el imputado debería ser el gobierno y no los ciudadanos que, escandalizados por tanto abuso y desahogo, protestan exigiendo moral, justicia y vergüenza.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo municipal de IU de Azuqueca de Henares