Gobierno dañino

Por decreto de Rajoy en junio caerán todos los convenios no acordados, imponiéndose entonces la voluntad del empresario, que es un punto cero consistente por lo general en rebajar al trabajador a la condición de esclavo, porque hay más de seis millones de criaturas dispuestas a trabajar por menos que el vecino, en competencia inhumana por la piltrafa, que en eso se han convertido los salarios y los derechos laborales, en puro andrajo por el que hay que rogar a la virgen del rocío. El empobrecimiento del trabajador le parece estupendo al gobierno, que alardea así de mejoras de la productividad tan falsas como crueles y de aumento de las exportaciones que, bien mirado, no equilibran una balanza comercial sólo favorable por el hundimiento de las importaciones, que es sinónimo de que la economía está muerta.

Por las barbas del partido de Rajoy se ordena en las oficinas de empleo que se ofrezcan los escasísimos trabajos que por allí recalan no a los más necesitados sino a los que cobran prestación, para que el gobierno deje de pagarlas, lo cual, a falta de un adjetivo apropiado, es más que canallesco. No importa tener más de seis millones de parados. Lo justo es que no cobren prestación o que ésta sea ínfima, para reducir el déficit y seguir rebajando los salarios con el fin de alcanzar el nivel chino o bengalí, momento en el que seremos competitivos como naciones tan prósperas como Camboya o el Congo.

Por la ley del rodillo de Rajoy se les va a rebajar una vez más el salario a los empleados municipales, prolegómeno de despidos que están por llegar, mientras que se refuerzan las diputaciones, que son covachuelas del poder de la derecha al frente de las cuales hay gobiernos que no son elegidos por el pueblo, porque el poder que le gusta al PP es el que no rinde cuentas directas ni cada cuatro años.

Por la ley del embudo de Rajoy el catolicismo se equipara a las matemáticas, la física o la lengua, adquiriendo una relevancia académica que no le pertenece, porque la religión no es materia docente, el adoctrinador no es maestro, la fe es contraria a la ciencia y la teología es enemiga de la razón. El PP resucita el nacionalcatolicismo, ideología muy apropiada para el lavado de cerebros tiernos e indefensos a los que se inculcará la culpa, el pecado y la sumisión a una autoridad mágica y medieval, que en eso consiste evangelizar a petición de la Conferencia Episcopal, malograr la capacidad crítica, arruinar el pensamiento libre, creer en milagros, exorcismos, supersticiones y aceptar el dogma mansamente según prescriba el mulá de turno. Madrazas en vez de escuelas, propagandistas en vez de profesores y saqueo del presupuesto público a favor de la iglesia papista con la excusa barata de que hay un concordato que cumplir.

Por el artículo 33 de Rajoy se obliga a la mujer a ser madre, lo cual significa que sea el ministro, el policía o el cura quien decida la maternidad y no la mujer y su pareja, cuando la hubiere, en injerencia intolerable que nos lleva a la España en la que las hijas de las familias bien abortaban en Londres, mientras que las mujeres pobres soportaban la prole que les viniera o se ponían en manos de un matarife cuando su carga era insostenible.

Estos ejemplos no son más que continuación de anteriores y anuncio de lo que está por venir, que es más de lo mismo, porque los recortes y trapacerías del PP no tienen límite y después del túnel no hay luz sino otro túnel aún más largo y oscuro que nos llevará más hondo, para caer en el noveno círculo, que ese es el destino que nos aguarda: penar rodeados de hielo por los siglos de los siglos.

Visto lo anterior, lo decimos sin equivocarnos: desde 1978 los ciudadanos no habíamos sufrido un gobierno tan falso, dañino y antipatriota como el de Rajoy.

Un gobierno que es una sucursal del partido popular europeo, de la banca acreedora alemana, del sistema financiero podrido, del dinero criminalmente organizado y de la secta neoliberal, al cual su país se la refanfinfla, no digamos ya sus habitantes, los seis millones de parados, su futuro, la juventud, los enfermos, los dependientes, los desahuciados, los preferentistas, los que no tienen papeles y todos los que lo pasan mal porque han perdido el amparo, el soporte y los medios para sostener una vida digna en la jungla en la que el PP está convirtiendo nuestra casa.

¿Qué clase de gente son quienes gobiernan? ¿De dónde han salido? ¿Qué moral defienden, qué tipo de conciencia tienen, cómo duermen, cómo respiran, cómo miran a los ojos a sus semejantes sin que se les caiga la cara de vergüenza? Cuál es el paño de estos dirigentes que cobran sobresueldos de escándalo pagados secretamente por grandes empresas, que aceptan dádivas culpables o que, tras abandonar la política, son contratados por las multinacionales a las que les han hecho el trabajo sucio desmantelando lo público, que no pestañean cuando hurtan salarios, derechos y dignidad a los ciudadanos que son los que sostienen el país que ellos mancillan.

Cómo se puede estar en un partido que es una estructura corrompida de amaños, favores, dedazos, venalidad y sobornos presuntos porque la justicia en España, que no es justa ni diligente, ampara al rico y al poderoso. En un país serio habría ya decenas de dirigentes del PP encarcelados, también de otros partidos, alguno de IU, como un tal Moral Santín, también miembros del gobierno con el presidente incluido, pagando  penalmente por las devastaciones y sinvergonzonerías cometidas, mientras que por aquí estos personajes  siguen paseando libremente, con sus cuentas blindadas y firmando certificados de buena conducta.

Qué pasa con la gente dormida, con los que aún viven apoltronados en la comodidad garbancera, en la gorronería social o agarrotados por el miedo, que no protestan, que callan con silencio cómplice ante los abusos de un gobierno sin legitimidad, con poder pero sin autoridad, con fuerza pero sin razón, con mayoría pero sin mandato. ¿Qué tiene que pasar para que el indiferente, el equivocado, el arrepentido o el iluso peguen un puñetazo en la mesa y juren en arameo?

Es asombroso cómo aguanta este gobierno a pesar de todo. Otro ejecutivo, en su lugar, con la mitad de carcoma y polilla, ya habría caído, barrido por su desvergüenza y mal hacer y por la furia de periódicos, televisiones y radios opositoras. Pero el de Rajoy no, que está dispuesto a terminar una legislatura que antes acabará con el país. Apuntalan al PP la mayoría de los medios de desinformación que están en manos de sus amigos, de bancos, de multinacionales o de la cúpula católica, además de los que mangonea directamente con cargo al presupuesto público. Por eso urge ya denunciar los enjuagues, convenios, favores y pactos entre tertulios, periodiqueros, columnistas y propietarios de medios con el gobierno del PP, porque no es creíble tanto requiebro, tanta flor, tanta mentira y tanto fanatismo por defender a un presidente que oscila entre la cobardía y la abyección.

Hace falta una revolución moral, mandar a paseo las viejas convenciones que nos han llevado al desastre y a quienes las sustentan. Esto no se logra ya con manifestaciones, desfiles, concentraciones, recogida de firmas y huelgas puntuales, que no sirven ni de aliviadero de una tensión que amenaza con reventar el día menos pensado.

Es momento de plantarse, todos: los estafados por un gobierno que prometió lo contrario de lo que hace, los damnificados por sus decretos, que son decenas de millones, los defraudados por sus decisiones que son casi todos, los escandalizados por su impudicia, que son una mayoría social abrumadora y los que no se resignan a que sus hijos sean condenados de por vida a una existencia miserable, que son el resto.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Madres a la fuerza

Diario La Razón: uno de los lugares en los que el gobierno se siente fuerte

En julio de 2012, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció en una entrevista al diario La Razón que pretendía reformar la Ley del aborto. El revuelo que produjo su confidencia hizo que el ministro decidiera a partir de entonces guardar silencio, ser más discreto, esquivo, escurridizo incluso, quizás porque creyó que es mejor no declarar lo que se piensa si lo que se cree molesta y mucho, aun cuando se vaya a hacer lo que se oculta, porque el golpe más efectivo es el que se da a traición, calladamente, por la espalda, a la altura de los riñones.

Esta prudencia hipócrita no contagió a alguno de sus camaradas de partido, más palabreros y resueltos, como el señor Floriano, ese gran genio de la sandez que ha superado a Pons, su pareja humorística, por el desparpajo con el que engaña, por el aplomo con el que acusa y por la naturalidad con que difunde la consigna partidista del día, por absurda, comprometedora y falsa que sea. Mientras Gallardón callaba ladinamente, Floriano hablaba a borbotones asegurando que con la reforma del aborto lo único que se pretendía es “defender a los más débiles”. 

Hace tan sólo dos semanas el ministro de Justicia, aprovechando el mismo escenario de su declaración previa, un foro organizado por el periódico dirigido por Maruhenda, amigo fidelísimo de Rajoy, anunció la inminencia de la reforma de la ley del aborto.

Durante la intervención, el Ministro se encontró arropado por una amplia embajada de la cúpula judicial compuesta por el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska y el magistrado Alfonso Guevara, así como por algunos de sus incondicionales, a saber, Ignacio González, Ana Botella, Florentino Pérez, Cristóbal Montoro y Ana Mato. Rodeado de tan distinguidas personas, muchas de las cuales, las del mundo judicial, no pintaban nada en un acto promovido por un periódico que se declara “de derechas y sin complejos”, Gallardón tuvo la inspiración para decir que “la vida no es una concesión graciosa, sino un derecho inalienable que no se ve reducido por razón de discapacidad y no puede restarse protección a un proyecto de vida como consecuencia de una discapacidad”.

Referido lo anterior, es obligado explicar de dónde venimos para saber a dónde nos quieren retrotraer los señores del PP.

La actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada a finales de 2009 por la mayoría de los grupos parlamentarios (PSOE, IU, ERC, BNG, PNV, NaBai y dos diputados de CiU). En contra se pronunciaron el PP, UPyD, UPN, Coalición Canaria y siete diputados de CiU. Apenas tres años después de su entrada en vigor, el gobierno de Rajoy prepara esta nueva reforma que, según testimonio del señor Gallardón, se fundamenta en el “cumplimiento de su programa electoral”, como si tal cosa, lo de cumplir lo prometido en campaña, importara una brizna al señor Rajoy, al señor Gallardón o al gobierno en pleno. 

Los puntos más significativos de la actual ley y las consecuencias de los posibles cambios anunciados por Ruiz-Gallardón son los siguientes:

Interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas: la actual ley permite la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación, siempre y cuando la mujer haya sido informada de las ayudas existentes a favor de la maternidad y cuando hayan transcurrido al menos tres días de reflexión entre la petición y la intervención. No es necesario que ningún certificado médico acredite riesgo de salud para la mujer, como sí ocurría con la legislación anterior (1985). La existencia de este plazo permite que una mujer decida si quiere ser madre o no. Lo contrario, imponer la maternidad, es un abuso, un acto arbitrario y despótico que anula a la mujer como persona y que trae consecuencias negativas incalculables, gravísimas. Tenemos en España, por tanto, una ley de plazos como la que existe en la mayoría de los países europeos, que oscila entre las 12 semanas que prevén las legislaciones alemana, italiana o francesa y las 24 de la holandesa.

El 89,58% de los 118.359 abortos realizados en España en 2011 se produjeron dentro de las primeras 14 semanas de gestación, según los últimos datos recogidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. De ellos, el 65,56% se realizaron dentro de las ocho primeras semanas.

El ministro de Justicia ha anunciado que sustituirá la ley de plazos para regresar a una legislación de supuestos. Este cambio niega la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad, rompiendo, también, la igualdad de condiciones entre las mujeres que pueden pagar un aborto legal en el extranjero y las que no, quedando estás últimas abocadas a poner su vida en grave riesgo así como su libertad en el caso de que decidan abortar. 

Malformaciones fetales: pasado el plazo de las 14 semanas, una mujer puede ahora interrumpir voluntariamente su embarazo si antes de las 22 semanas se detectan graves anomalías en el feto y si así lo acreditan dos dictámenes médicos. Pasado ese plazo, un comité clínico debe acreditar que existen anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave o incurable. Este supuesto constituye una minoría de las intervenciones. El 2,73% de los abortos se produce antes de las 22 semanas de gestación y un 0,3%, pasado ese tiempo.

Este es uno de los cambios más polémicos de la reforma del Partido Popular, porque no contempla el supuesto de aborto por malformación fetal, posibilidad a la que alude con la terminología impropia de la   neolengua acuñada por la conferencia episcopal, el OPUS y otras terminales del fanatismo, equiparando el derecho a una maternidad responsable y deseada con el aborto eugenésico.

Los especialistas en diagnóstico prenatal rechazan radicalmente este concepto utilizado por el ministro, porque por eugenesia se entiende el perfeccionamiento de la raza y eso es cosa que practican los racistas o los criadores de gallinas sobre ejemplares completamente sanos. Además, los profesionales de la medicina señalan que las malformaciones incompatibles con la vida son anomalías terroríficas como la anencefalia, la exencefalia, el acráneo, la hidranencefalia, la holoprosencefalia alobar, al atresia laríngea, la atresia traqueal, la agenesia diafragmática, la agenesia renal bilateral, la ectopia cordis, determinadas cromosopatías terminales, etc… En otros casos, se han diagnosticado otras enfermedades gravísimas e incurables que acarrean sufrimientos indecibles a los niños y a sus familias (malformaciones cardiacas, casos graves de la enfermedad de Ebstein, el isomerismo derecho, la hipoplasia, cardiopatías estructurales que llevan al fracaso cardíaco, encefalocele, otras enfermedades que causan desestructuración anatómica del sistema nervioso central y un largo etcétera que horroriza por su crueldad). Para las familias que sufren el calvario de concebir a una criatura así, la situación es lo suficientemente cruel como para que, además, en su dolor se interponga una autoridad que les obliga a decidir lo contrario de lo que quieren o de lo que pueden humanamente soportar. No hay ley en el mundo, ni gobernante civil o espiritual, ni ministro ni gobierno legitimado para usurpar la voluntad de quienes se enfrentan a una tragedia de esta naturaleza. Además, los que mezclan el aborto con su fe en un dios omnipotente deberían pensar qué clase de dios consiente estas enfermedades que hacen inviable la vida en quien aún no ha nacido.

El gobierno de Rajoy nos lleva al pasado, también en la regulación del aborto, colocándonos en la cola de la Unión Europea, donde sólo Malta, el paraíso fiscal que prohíbe el aborto en cualquier supuesto, e Irlanda, que sólo lo permite si hay “riesgo grave y sustancial para la mujer”, no admiten la interrupción del embarazo por anomalías fetales. Incluso Brasil, que únicamente contemplaba como supuestos la violación y el riesgo para la vida de la mujer, acaba de aceptar también el supuesto de interrupción del embarazo por anomalías fetales para los casos de anencefalia.

Sucederá lo mismo con la eliminación de este supuesto que con la supresión de los plazos. Las mujeres que tengan posibilidades económicas se marcharán a otros países a abortar, como ocurría con la ley de 1985, que no admitía el supuesto de malformación más allá de las 22 semanas. En cambio, las mujeres pobres pasarán por el trance de abortar en la clandestinidad o de dar a luz a un hijo con una discapacidad gravísima que condicionará sus vidas y que no podrán atender por falta de medios.

Consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años: la actual legislación establece que las chicas de edades comprendidas entre los 16 y 17 años que deciden someterse a un aborto deben informar al menos a uno de sus tutores, a no ser que aleguen un conflicto grave que motive una situación de desarraigo o de desamparo. Según un estudio realizado en el año 2011 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), el 87% (de una muestra de 1.186) de las chicas que acudieron a abortar a los centros lo hicieron acompañadas de sus tutores legales. El resto alegó razones como riesgo de sufrir malos tratos, tener padres manifiestamente contrarios al aborto o disfrutar de una situación de emancipación plena con respecto a sus progenitores.

El programa del PP, y así lo ha asegurado el ministro, prevé la eliminación de este supuesto para situarnos de nuevo a principios de los años ochenta, cuando se producían situaciones en las que el embarazo de la chica era fruto de la violación de un miembro de la familia y que tenían que pasar necesariamente por el mal trago de comunicárselo a sus padres o tutores, a la espera de la reacción que éstos pudieran tener.

Prevención de embarazos no deseados y educación en salud sexual: bajo el epígrafe “De la Salud Sexual y Reproductiva”, el título primero de la actual legislación establece medidas públicas de prevención y educación sexual, tanto en el ámbito educativo como en la formación de los profesionales de la salud, así como la garantía al acceso a métodos anticonceptivos.

El Gobierno, en su cambio legislativo, parece que no tiene absolutamente nada que decir sobre un asunto tan importante como la prevención de los embarazos no deseados, por mucho que se sepa que cuantos menos sean menor será también el número de abortos, que es lo que se pretende evitar. Si observamos las enmiendas parciales que presentaron los diputados del PP hace dos años a la actual ley, todo hace pensar que esta parte de prevención desaparecerá de la futura reforma. Por aquel entonces, el Partido Popular justificó la eliminación del título primero por considerar “no adecuada su existencia en una ley cuyo objeto principal es establecer el aborto libre dentro de las primeras catorce semanas de gestación”.

Despenalización del aborto: la entrada en vigor de la actual ley derogó el artículo 417 bis del Código Penal que contemplaba la penalización del aborto excepto en tres supuestos (como recogía la legislación aprobada en 1985). La vuelta a una normativa de supuestos, “y de despenalización parcial del aborto”, como pedía el PP en sus enmiendas, podría suponer incluir de nuevo el delito de aborto en el Código Penal.

Si bien el ministro de Justicia declaró en el Congreso que ninguna mujer irá a la cárcel con la nueva legislación, ello no impide que un juez la cite a declarar, ya sea como testigo o imputada, como ocurrió con el conocido caso Isadora en 2007. Entonces, 28 mujeres fueron llamadas a declarar como testigos y a algunas fueron a buscarlas a sus domicilios, en el proceso que abrió un juzgado contra la clínica madrileña por supuestas irregularidades administrativas y abortos ilegales tras la denuncia de una asociación ultracatólica. El caso, sobreseído año y medio después por falta de pruebas, fue uno de los detonantes para la elaboración de la actual ley de plazos.

La reforma de la ley del aborto no responde a una preocupación del gobierno por los más débiles. Si así fuera habría protegido a las trabajadoras que son, además, madres, no habría desmantelado la educación ni la sanidad públicas, no habría dejado a las inmigrantes fuera del sistema sanitario, no habría impuesto tasas judiciales para alejar la justicia de los ciudadanos, no habría permitido a los bancos desahuciar a las familias… En definitiva, no habría empujado al país al abismo en tan sólo diecisiete meses. La realidad es que este cambio legal responde a las presiones del sector más reaccionario de su partido y a las de la Conferencia Episcopal. Fue premonitorio que hace tan sólo unas semanas, los mal llamados grupos provida soltaran gallinas delante del Ministerio de Justicia, para pedir a su titular que no fuera cobarde y cumpliera sus compromisos de derogar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Aún así, existen otras asociaciones que, siendo católicas, están en contra de las “recomendaciones” de una cúpula eclesial formada sólo por hombres célibes que aseguran ser castos y que dicen saber mejor que las mujeres lo que conviene a las mujeres. Tal es el caso de la Asociación de Católicas por el Derecho a Decidir, que no está dispuesta a que las palabras del arzobispo de Madrid se hagan extensivas a toda la comunidad católica porque el derecho a decidir si se es madre corresponde a la mujer, sea ésta católica, atea, musulmana, judía o agnóstica.

El Partido Popular no sólo pretende abolir el derecho a una maternidad libremente decidida, sino también acabar con los supuestos de interrupción del embarazo por anomalías graves o incurables del feto aun cuando peligre la vida de la madre. El PP quiere volver al sistema antiguo de supuestos, que sólo dejaba abortar a las mujeres hasta la semana 12 de embarazo en caso de violación, riesgo para la salud de la madre o malformación del feto, un sistema retrógrado que defiende alegando que “hay que defender la vida desde su concepción”, cuando sobre este asunto, ni siquiera uno de sus maestros, Tomás de Aquino, santo y venerado, les da la razón.

Es absurdo y contradictorio que los dirigentes del PP salgan a defender con intransigencia un concepto de vida retórico cuando no son capaces de adoptar ni una sola medida de amparo para los millones de vidas que, a diario, sufren el drama del desempleo, de los desahucios, de la inmigración, de la miseria, de la injusticia y de la exclusión social.

La maternidad ha de ser decidida por las madres. Lo que plantea el Partido Popular devuelve a la mujer a una situación de inseguridad jurídica que impondrá una doble discriminación por razón de género y de clase que es intolerable.

El gobierno del PP desampara al débil, lo priva de medios de vida y lo abandona en la calle. Hablando en castellano, esto es una canallada.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares