Llegó la hora, es el momento de que las cosas cambien

18 de Noviembre de 2010

UN SALUDO A TODOS LOS CIUDADANOS AZUDENSES QUE CREEN QUE LLEGÓ EL MOMENTO DEL CAMBIO

La crisis económica y social amarga nuestras vidas. No es la primera vez que ocurre algo así. En el siglo XIX, desde la primera convulsión del capitalismo allá por 1848, las crisis económicas se sucedieron con una regularidad que impresiona hasta sumar cinco episodios, uno por década. En el siglo XX el capitalismo generó otras seis grandes crisis (1906, 1920, 1929, 1973, 1992 y 2000) y una de ellas, la Gran Depresión, desembocó en la mayor carnicería de la historia de la humanidad bajo la forma de guerra mundial, totalitarismos y holocausto. En el siglo que acaba de comenzar padecemos otra crisis especialmente virulenta y equiparable en parte a la crisis del 29: la que estalló entre los años 2007-2008. El balance general que nos brinda la historia del capitalismo es, por lo tanto, muy claro: doce crisis en poco más de siglo y medio o, lo que es lo mismo, aproximadamente una crisis económica cada catorce años.

Todas estas crisis tienen puntos en común y, sobre todo, un desenlace idéntico: sus consecuencias inmediatas las pagaron siempre los más desfavorecidos.

Además de ser intrínsecamente inestable, el capitalismo ha dejado en la cuneta al 80% de la población mundial. El capitalismo, por tanto, es un sistema económicamente ineficiente porque no es capaz de sastisfacer las necesidades básicas de los seres humanos, a lo que une su condición de depredador de los recursos de un planeta que ya no aguanta más y que está comenzando a rebelarse contra la humanidad.

En la actualidad los grandes partidos nacionales se han convertido, por convicción o por impotencia, en abanderados de una visión del capitalismo singularmente dañina: el neoliberalismo. Parece que les importe más el bienestar del gran capital que el de los ciudadanos. Esos partidos aprueban paquetes multimillonarios de ayudas para una banca codiciosa e irresponsable mientras que endurecen la legislación laboral, rebajan el sueldo a los trabajadores y anuncian la reducción de las pensiones.

Para mantener sus cuotas de poder esos partidos mantienen un tinglado, el del bipartidismo, que pervierte el ideal representativo de la democracia. Para ello cuentan con la inestimable ayuda de pequeñas formaciones nacionalistas que, a cambio, reciben cuotas de poder muy por encima de la realidad social y política a la que representan. Obviamente, en este juego de suma cero, quien sale perdiendo es Izquierda Unida ya que el exceso de representación del PSOE, del PP y de los nacionalistas es el resultado del robo de la representación política que legítimamente deberíamos tener.

En Izquierda Unida de Azuqueca de Henares estamos convencidos de que el cambio no es una opción sino una obligación. El tiempo se agota y el margen se estrecha. Estamos llegando al límite físico de un sistema que atenta gravemente contra el equilibrio ecológico, la justicia, la igualdad y la paz social. El número de ciudadanos conscientes de esta realidad tan grave aumenta a diario aunque su voz no se escucha aún lo suficiente.

Por eso hemos creado este blog. En él los miembros de la candidatura de Izquierda Unida de Azuqueca de Henares y otros afiliados de nuestra organización expondremos nuestras reflexiones y propuestas para contribuir a una discusión serena sobre los graves retos a los que hemos de hacer frente, tanto a nivel general como local.

Pretendemos animar un debate social pervertido por gente que se escuda en el anonimato que proporciona internet para insultar cobardemente al adversario, por tertulias escandalosas y por mercenarios de la opinión que cobran por envenenar las conciencias. ¡Basta ya de rebuznos, de groserías, de zafiedad y de silencios cómplices!

Hay quienes considerarán que nuestros objetivos son muy ambiciosos. Cierto. Pero la urgencia de afrontarlos no es menor que la magnitud del desafío ante el que hemos de medirnos.

Concluyamos esta presentación con una frase inmortal de nuestro Francisco de Quevedo que, a pesar del tiempo transcurrido desde que se escribió, viene muy a punto: si quieres leernos "léenos, y si no, déjalo, que no hay pena para quien no nos leyere."

Consejo Político Local de IU

jueves, 5 de marzo de 2015

El Código Penal del PP: caña al pobre

Con el PP intentar paralizar un desahucio es un delito castigado con pena de cárcel

Ya tenemos nuevo Código Penal, el Código Penal del PP.

El pasado 21 de enero se aprobó la reforma del Código Penal a pesar de los votos en contra de todos los partidos de la oposición, a excepción de UPN que es la marca del PP en Navarra.

Reformar el Código Penal era una obsesión del gobierno de Rajoy, al final resuelta en solitario por las muchas críticas que recibió del resto de los partidos, de organizaciones sociales y profesionales e, incluso, de los medios de comunicación afectos al régimen, por vulnerar importantes principios amparados por los estándares internacionales de los Derechos Humanos y del Derecho Penal.

De entrada, la reforma del Código Penal es un fraude de ley, pues ha sido realizada por la vía de urgencia para saltarse los preceptivos informes del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal, necesarios cuando las leyes que se aprueban afectan a los derechos fundamentales.

Además, el texto resultante bebe de las fuentes jurídicas más reaccionarias y autoritarias, planteando un nuevo contexto penal más propio de un estado de excepción encubierto. Así, introduce la prisión permanente revisable, que no cabe en la Constitución, aumenta las penas para muchos delitos sin que haya fundamento penal para hacerlo, reprime la protesta ciudadana, pone parches variopintos en asuntos de extrema importancia y aplica un guante de terciopelo a los delitos de corrupción.

Pero no sólo lo anterior. El Código Penal del PP es un texto hipócrita, vengativo, autoritario y represor con el que se busca principalmente, por un lado, cambiar profundamente el modelo punitivo actual aumentando la represión y el control social sobre los ciudadanos para inocularles el virus del miedo, del silencio y de la desconfianza mutua y, por otro, facilita la amnistía de los delitos de guante blanco como el fraude, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, el blanqueo de dinero, el cohecho, la prevaricación, etc., a pesar de que estos delitos, que son las mil y una caras de la corrupción que nos come, hayan provocado el estado de calamidad en el que vivimos.

Esta es la reforma de la justicia penal del PP. No extraña atendiendo a su ideología y aus antecedentes. ¿Qué podíamos esperar de un Gobierno que ha desmontado la justicia universal, que está intentando, entre muchas otras barbaridades, impedir el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad, que se niega a investigar y a castigar los crímenes franquistas, que está podrido por la corrupción o que recorta con saña los derechos elementales de las víctimas de la crisis, que ya van por los trece millones?

El PP dice que suprime las faltas para incrementar la eficacia de la justicia penal, lo cual es, como argumento, una falacia y, sin embargo, oculta que la supresión de éstas implica que el Código Penal pasa a ser mucho más severo, sin que exista ningún motivo para hacerlo excepto el espíritu de venganza y la obsesión por el control de la sociedad.

Tampoco cuenta el PP que la congestión que existe en los juzgados penales es menor que la que hay en los juzgados civiles y de lo contencioso-administrativo, por lo que no hay ninguna necesidad  de descongestionar a los primeros por la vía de cargar con más casos a los segundos.

En los supuestos en que las faltas se transforman en sanciones administrativas o civiles también se producen consecuencias que perjudican a la ciudadanía ya que, entre otras cosas, se incrementan los costes de la defensa, convirtiendo al acceso a la justicia en un imposible para millones de personas humildes que sufren la vulneración de sus derechos y que no cuentan con dinero suficiente para defenderlos en los tribunales.

En esta reforma se incluyen nuevos delitos que apuntan directamente hacia colectivos que no son un peligro para la sociedad, todo lo contrario, y contra movimientos con gran reconocimiento ciudadano como activistas, inmigrantes, personas sin recursos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o las Mareas, con el único objetivo de criminalizar la protesta social. Conductas como la venta del top manta, un hurto de poca monta en un supermercado, hacer un graffiti, resistirse pacíficamente en un acto de protesta, parar un desahucio o encerrarse en una sucursal bancaria para denunciar sus depredaciones serán castigadas con penas de cárcel gracias al nuevo Código Penal del PP.

Para el PP, y esto es el colmo, el orden público se puede alterar desde el sillón de nuestra casa y ser condenados por ello. Por ejemplo, una persona que difunda consignas de una manifestación por las redes sociales puede considerarse que está incitando a cometer un delito de alteración del orden público o podría ser acusada de cometer un delito de este tipo si se produce algún altercado en dicha acción, aunque no haya acudido a la manifestación, no conozca al autor del delito o no haya tenido nada que ver con su comisión.

Especial mención merece el nuevo texto del artículo 318 bis, que está dedicado a “Los delitos contra los derechos de los extranjeros”. Es voluntad del PP que se castigue a quien ayude a una persona en situación administrativa irregular a entrar o transitar por el Estado español, salvo cuando se realice por razones humanitarias. Sin embargo, no se define qué se entiende por “prestar ayuda por razones humanitarias”, lo que deja un amplio margen a la interpretación del juzgador. ¿Habrá que esperar a que la persona en cuestión sufra malnutrición o tenga una enfermedad grave para poder prestarle ayuda sin que tales actos se conviertan en constitutivo de delito? Para el PP, el simple hecho de ayudar a una persona en situación irregular como puede ser ofreciéndole alojamiento, llevarle en coche o cualquier otra conducta similar, podrá ser sancionado penalmente si no es considerado ayuda humanitaria. Además, se penaliza a quien ayude, con ánimo de lucro, a una persona que se encuentre en situación irregular en España. Esta puntualización permitirá castigar a quien le alquile una vivienda o una habitación, a quien preste asistencia médica o jurídica o al que realice cualquier servicio profesional a su favor cobrando por ello. ¿Tendrán que comprobar los panaderos la situación de una persona inmigrante antes de venderles una barra de pan?

La reforma del Código Penal ha sido anunciada por el gobierno como una medida contra la corrupción, una intención que no se corresponde con el contenido real del texto porque ni se agravan todas las penas, ni se trata a todos los ciudadanos por igual.

Por ejemplo, se rebajan las penas de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos (malversación de caudales públicos), no se aprovecha para sancionar las grandes estafas y, además, con la Ley de Amnistía Fiscal que entró en vigor en enero de 2013, lo que se ha hecho es institucionalizar un doble rasero entre los delitos cometidos contra la Seguridad Social y los cometidos contra la Hacienda Pública. Si el cobro indebido de prestaciones de la Seguridad Social es delito desde el primer euro, el fraude sobre las cuotas a la Seguridad Social no es delito si no supera los 500.000 euros.

Tampoco debe pasar desapercibido el hecho de que el delito fiscal sólo tenga reproche penal si supera los 120.000 euros anuales, lo cual quiere decir que aquel que tenga ingresos suficientes para defraudar por encima de esa cantidad se enfrenta a una pena de prisión de entre 1 y 5 años, así como a una multa que puede alcanzar seis veces la cifra escamoteada al fisco.

En la legislatura de los papeles de Bárcenas, de la financiación ilegal del Partido Popular, de la trama Gürtel, del caso Noos, de la operación Pokémon, de la operación Púnica y de un sinfín de escándalos de corrupción que apuntan al PP, el Gobierno de Rajoy ha decidido no aumentar las condenas de cárcel, ni tipificar como delictivas las desorbitadas retribuciones y jubilaciones que se ponían a sí mismos los directivos de las cajas, siendo aplastante mayoría los que salieron de sus filas.

Al introducir el delito de financiación irregular de los partidos la oposición considera que el PP da una definición “vaga” porque ha establecido el umbral de lo delictivo en 500.000 euros. La prueba es que con el nuevo Código Penal del PP, Luis Bárcenas podría seguir siendo tesorero del PP. No es de extrañar que a su salida de prisión Bárcenas afirmara “no me arrepiento absolutamente de nada. Volvería a actuar exactamente igual”, al sentirse respaldado por unas leyes penales que le ampararían. Por debajo de esa cantidad, los 500.000 euros, no habrá reproche penal para los mangantes que entreguen o reciban dinero con la finalidad de financiar irregularmente a un partido. Todo aquel que hinche la caja B de un partido con una cifra inferior a esa, aunque sólo sea por un céntimo, no tendrá castigo, ni penal ni administrativo, lo cual le viene muy bien al PP, acostumbrado a recibir más que presuntamente cantidades millonarias de poderosos donantes que nunca donan nada desinteresadamente.

Con la que está cayendo, el Partido Popular propone una reforma en caliente, a golpe de telediario, para sacar el máximo rédito electoral, endureciendo determinadas penas, salvo las que tiene que ver con la corrupción, con lo cual se constata una vez más por dónde van sus intenciones.

El PP utiliza la prisión permanente revisable para convencernos de que es necesario un endurecimiento de las penas, cuando lo que realmente pretende es criminalizar la protesta social siguiendo la estela de la Ley Mordaza del Ministro del Interior, Fernández Díaz.

El PP intenta acallar la protesta ciudadana mediante la aplicación de castigos desproporcionados para impedir la libre expresión popular, indignada ante las políticas antisociales de su gobierno.

Penas de cárcel abusivas, reformas legales sin más procedimiento que el Decreto sin debate en las Cortes y abusando de una mayoría absoluta obtenida con engaños. Esta es el camino penal del PP.

El PP está haciendo de la Justicia española el “cachondeo” que hace veinte años denunciara el alcalde de Jerez de la Frontera, Pedro Pacheco.

El PP está empeñado en controlar a los jueces dando mayor poder a aquellos que  hacen la “vista gorda” con su corrupción y poniendo en manos de los ideológicamente afines la represión de cuanto ciudadano manifieste su descontento ante su política económica y social que machaca a millones de personas.

Junto a Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza” y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, actualmente en trámite en el Senado, se apuntalan los tres vértices de un aparato legal que ataca los derechos fundamentales de las personas que ya no pueden resistir tanta corrupción, tanta desvergüenza y tanta miseria.

Este es el legado penal del PP. Una pena.

María José Pérez Salazar forma parte del consejo político local de IU de Azuqueca de Henares y es candidata a la alcaldía.